Si usted es modelo, ministro, cantante, actor u otra celebrity de este país, en primer lugar, gracias por leer Abogares. En segundo, un consejo: si decide hacer un descanso en su ajetreada vida, no se le ocurra ir a la playa y enseñar su torso desnudo. De hacerlo le podrían fotografiar o filmar, miles de compatriotas podrían luego escrutar cada milímetro de su piel y no obtendría después dinero alguno por ello.

En dos sentencias recientes, de 12 de junio y de 7 de octubre, nuestro Tribunal Supremo ha fallado a favor de una revista y de una productora televisiva por captar y divulgar imágenes playeras de una modelo y un ministro, respectivamente. Y lo ha hecho en base a idéntico argumento: las imágenes tienen interés informativo, que junto con el carácter público de persona y lugar conlleva su conformidad con la Constitución, la LO 1/1982, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la suya propia. Y para justificar tal extremo, arguye el TS que dicho interés informativo debe entenderse en sentido amplio, es decir, no exclusivamente limitado al interés general, sino extensible al “género frívolo, del entretenimiento o del espectáculo”.

Ambas resoluciones entrañan tesis peligrosas. Si unas imágenes han de poseer interés informativo para ser lícitas y son los propios medios los que determinan la concurrencia de esa relevancia en ellas, se transforma a los mismos en garantes y limitadores de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. O lo que es lo mismo, se convierte a una parte en juzgadora.

Ello es aún más preocupante si atendemos a la morbosidad y falta de escrúpulos de los que los medios de la farándula a menudo hacen gala. No se trata de elitismo periodístico ni de snobismo informativo, pero parece cuestionable que los pechos de una modelo o los arrumacos de un ministro con su pareja puedan tener relevancia o generar debate social alguno, especialmente si consideramos el alto precio a pagar: el sacrificio individual de un derecho de rango fundamental y que corresponde al fuero más privado e íntimo del ser humano. Sacrificio que, además, se realiza bajo la omnipresente excusa de un pretendido beneficio colectivo para la sociedad, concepto éste extraño y con origen, materia y naturaleza aún por determinar.

Porque es en el substrato del caso donde se encuentra el debate importante, esto es, el alcance de la proyección pública de un personaje con dicha naturaleza. Aceptar que una modelo o un ministro lo son las veinticuatro horas del día cuando están en un lugar público nos lleva a conclusiones perversas. Por un lado, se elimina del patrimonio jurídico de los personajes públicos su derecho a la propia imagen fuera del ámbito privado. Por el otro, al trasponer esta premisa a otros casos de estructura similar nos encontramos con resultados indeseables: ¿aceptaríamos que una prostituta, por el mero hecho de serlo, no dispusiera de su derecho a la libertad sexual, con el pretexto de que su oficio implica una renuncia permanente al control de su sexualidad?

Mercadear con un derecho fundamental propio no puede significar en ningún caso su pérdida incondicional y absoluta, y mucho menos implicar la libertad de disposición de sujetos ajenos para explotarlo a su antojo. La modelo vende su imagen a un sujeto y para un lapso temporal concreto, no al resto de la humanidad y a perpetuidad. El ministro tiene proyección pública cuando ejerce sus funciones, o cuando realiza actos que tienen influencia en las mismas. Nada más. Soluciones diferentes no casarían ni con el dictado ni con el espíritu de nuestro ordenamiento, ni lo deberían hacer jamás.

Y es que, al margen de la propia imagen, está en juego en este punto la difícil pervivencia de la libertad individual y la intimidad en el seno de una sociedad mediatizada, en la que lo noticiable es o puede ser cualquier cosa. Cierto es que el debate es complejo y admite un sinfín de matizaciones, pero no lo es menos que el TEDH, al que cita el TS no sin cierta ironía, ya se pronunció en el célebre caso Von Hannover v. Alemania, donde aseguró que para conseguir la licitud de imágenes en casos como el analizado el personaje público debe estar realizando actividades del género al que se debe su notoriedad, que a su vez deben poseer una entidad suficiente para ser consideradas de interés general. Así, nuestro Tribunal se olvida de Estrasburgo aún citándolo en sus sentencias, y enjuiciando lo publicable de las vergüenzas ajenas, hace públicas las suyas propias.