28.12.09 Antoni Rubí
Información y expresión
                                           
Dos formas de aportar

El objeto de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, relativa a la reutilización de la información del sector público -que transpuso al ordenamiento español la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, rubricada con el mismo nombre-, era doble: facilitar la reutilización de la información generada por las administraciones públicas; y generar, con ello, crecimiento económico a partir de los nuevos usos que ciudadanos y empresas pudieren diseñar.

Dos años después de la entrada en vigor de la ley, las facilidades para reutilizar información pública no son tales. Al menos, ésta es la conclusión a la que puede llegar quien dedica unos minutos a navegar por el sitio web del Proyecto Aporta, publicado por el Gobierno para hacer visibles las iniciativas resultantes de la Ley 30/2007: ni rastro de datos estadísticos, meteorológicos, geográficos, económicos o cualesquiera otros reutilizables. Esto no significa que las Administraciones no hayan empezado a poner a disposición de terceros información y datos reutilizables -de hecho, algunos organismos públicos, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) ya lo venían haciendo-, pero sí manifiesta a las claras que hay camino por recorrer para desarrollar los propósitos de la ley y convertir al sitio web Aporta en un portal de referencia en la reutilización informativa.

En el camino a seguir, los responsables de Aporta pueden aprovecharse de las ventajas de un modelo ya inventado, el del portal norteamericano, www.data.gov, en funcionamiento desde hace sólo unas semanas. A fecha de la publicación de esta entrada, quien cuente con una conexión a internet podrá acceder, desde cualquier rincón del mundo, a más de 800 bases de datos sobre vertidos tóxicos, tráfico aeroportuario, cambios de residencia fiscal, accidentes laborales, entre muchos otros. Y, además, podrá descargarlos en su equipo en uno o varios formatos electrónicos de forma rápida y sin pagar ninguna tasa y usarlos luego como quiera.

En el origen de www.data.gov están el esfuerzo y el empeño de un hombre nacido en India, criado en Tanzania y formado en una Universidad pública norteamericana: Vivek Kundra (1974), Chief Information Officer (CIO) de la Administración Obama. Para agilizar el portal y, además promover una administración más transparente, una ciudadanía más participativa e incrementar el grado de colaboración entre una y otra, Kundra impulsó la Open Government Directive, unas directrices enviadas el pasado 8 de diciembre a los Jefes de Gabinete y Directores de las Agencias Federales en la que les encomendaba la puesta a disposición del público en portales específicos y en www.data.gov de la información que sus departamentos habían generado.

La comparación entre el contenido de las directrices norteamericanas y sus resultados ya visibles en www.data.gov y el modelo seguido en la ley española permite identificar qué factores lastran la transparencia administrativa en nuestro país. Hay, al menos, cinco elementos que futuros desarrollos reglamentarios o, mejor aún, una ley de acceso a la información, deberían considerar para superar el umbral de los buenos propósitos del portal Aporta. Veamos.

Primero, la regla de defecto debería presumir, como en las directrices, el carácter abierto de un dato, y no abogar como hace el artículo 3 de la Ley española por un sistema cerrado, de excepción y condicionado a un régimen de autorizaciones administrativas. Segundo, la iniciativa debería prever plazos más o menos breves para implementar políticas graduales de transparencia y no dejarlas a la voluntad de los gestores de turno de cada órgano o agencia administrativos. Tercero, los responsables de la reutilización informativa deberían promover la puesta a disposición de los datos mediante diferentes tipos de formatos electrónicos y olvidar normas restrictivas como el artículo 5.2 de la ley, que establece que tales iniciativas no deberán suponer “la obligación por parte de las Administraciones y organismos de facilitar extractos de documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, crear documentos, adaptarlos o mantener la producción de un determinado documento para satisfacer una solicitud”. Cuarto, aquéllos deberían evitar la preocupación, manifiesta en la ley y en el sitio de Aporta, por el diseño restrictivo de las autorizaciones o licencias que además pretenden convertir en propiedad intelectual lo que no lo es: los datos como tales no están protegidos por derechos de autor. Y quinto, la norma debería establecer obligaciones metainformativas: dar cuenta de las peticiones de información a la Administración y de su reutilización por terceros.

Si a estos cinco elementos, pudiéramos añadir unos mecanismos institucionales robustos que garantizaran en serio el derecho a expresarse libremente y a recabar información de los poderes públicos y, además, una sociedad suficientemente abierta para permitir que un ingeniero indio hiciera transparentes nuestras administraciones, el éxito sería punto menos que seguro.


1 comentarios



  1. 05.01.10 a las 6:36 pm – jesus alfaro
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    Excelente entrada. Resulta increible que uno de los ámbitos en los que resulta evidente que puede acelerarse la innovación y la aparición de nuevos negocios no esté mucho más arriba en la agenda de nuestros políticos.



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