31.01.11 Antoni Rubí y Pablo Ramírez
Información y expresión, Negociación
                                           
Ley Sinde y equilibrio cultural

Tanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual como la propuesta de reforma conocida como “Ley Sinde”, la polémica disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible, promueven un modelo de mercado cultural que quedó obsoleto con la irrupción de nuevas formas de explotación, el desarrollo tecnológico y los actuales usos sociales de productos  servicios informativos. En el actual estado de cosas, hay una infrapersecución de las vulneraciones de derechos de autor: nuestra ley, una de las más protectoras en derecho comparado, reconoce amplios, acaso demasiado amplios, derechos de autor para, luego a causa de las ineficiencias del proceso judicial, principalmente el cautelar, y de la falta de adaptación de su régimen legal al escenario digital, ignorar las infracciones en muchos casos. The copyright law in action genera, así, derechos programáticos, huérfanos de contenido. Papeles empapados.

Resulta claro que algo hay que hacer, en especial si uno cree, con nosotros, que un sistema de derechos de autor bien diseñado contribuye a la creación y a la innovación de una forma descentralizada y con menos fiscalización por el poder en un momento histórico dado. Otra cosa diferente es que la Ley Sinde sea lo que se ha de hacer.

La Ley Sinde, tanto en la propuesta inicial como en su estadio actual –surgido del consenso entre el Ministerio de Cultura y los representantes de PP y CIU-, establece un conjunto de reformas, esencialmente de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para facilitar que un organismo administrativo, la Comisión de Propiedad Intelectual, pueda, con el auxilio de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y mediante un intricado entramado procesal, ejecutar las medidas necesarias para obligar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información a impedir el acceso a determinados contenidos que infrinjan derechos de autor o, en su caso, a interrumpir su actividad.

La propuesta persigue, así, poder actuar contra determinados ISPs localizados en territorio español y se distancia, por ello, de las soluciones ya vigentes en otros países europeos, como Francia o Reino Unido, donde el responsable es el usuario, a quien se le niega la conexión a la red en caso de cometer un número determinado de descargas ilegales de contenidos protegidos. En nuestro ordenamiento, con una Ley Orgánica de Protección de Datos excesiva, las soluciones francesa y británica eran inviables: nuestro sistema parapeta al usuario detrás de su IP, lo sobreprotege e impide su persecución por parte de los órganos jurisdiccionales, aun en casos de infracciones constantes y graves de derechos de propiedad intelectual. La decisión de perseguir a los ISPs puede ser deseable en muchos casos, mas, la reforma propuesta, en lugar de proceder a una discusión detallada y fecunda de la posible responsabilidad vicaria de aquéllos, se limita a proveer un andamiaje para financiar con recursos públicos la tutela de derechos privados de autor y recurrir a una jurisdicción no particularmente especializada en la materia.

El andamiaje no parece demasiado prometedor. Son muchos los flancos que la reforma deja abiertos. La incertidumbre sobre cuál será el derecho in action que resulte de su aplicación abruma: ¿qué carga y estándar de la prueba de la infracción exigirá la Comisión a los titulares de derechos?, ¿cómo interpretará ésta cuestiones relacionadas con la responsabilidad por hecho ajeno o la vulneración de contenidos almacenados en servidores localizados en el extranjero?, ¿en qué supuestos se resolverá la interrupción del servicio del ISP en lugar de ordenar la retirada de unos pocos o muchos contenidos?, ¿qué tipo de control llevará a cabo el Juez de lo Contencioso-Administrativo? De la respuesta a estos interrogantes dependerá el grado de eficacia de la Ley Sinde y la modificación en mayor o menor punto de los derechos de autor.

Queda todavía mucho por recorrer para encontrar un equilibrio que vele, por un lado, por los derechos de propiedad y de libre expresión de los autores y, por el otro, por promover el acceso a la cultura y a la información de los internautas. Un equilibrio, al fin y al cabo, que recuerde a este país que libre no siempre es sinónimo de gratis.

Foto: Horia Varlan


1 comentarios



  1. 15.12.11 a las 6:14 pm Juan José Blanco
    _________________________________

    Creo que la raiz del problema sigue siendo la facilidad para la transferencia de datos que produce la sociedad de la información y contra eso va a ser muy difícil luchar. Se podran cerrar portales web, páginas web y lo que quieran pero es casi imposible controlar que los usuarios intercambien archivos entre sí de mil formas diferentes. Creo que vamos a tener que asumir que los derechos de autor, tal y como los conocíamos hasta hoy, van a ser de muy complicada protección en un futuro. A cambio tenemos que los autores no van a tener que ser necesariamente explotados por editoriales y discográficas, porque la facilidad que hoy existe para la autoedición digital no ha existido nunca.



0 Trackbacks/Pingbacks

  1. richard goozh 29 08 13

Deje su comentario






Better Tag Cloud
--->